Begoña Gómez no acudió a la citación judicial del juez Juan Carlos Peinado y su abogado representó su ausencia
Madrid – Este miércoles, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, volvió a dejar vacía la silla del juzgado en Plaza de Castilla, donde estaba citada por el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la instrucción de una causa que se remonta a 2024 y que aún sigue abierta.
En lugar de personarse ante el magistrado, Gómez delegó en su abogado y se mantiene en el Palacio de las Marismillas de Doñana junto al presidente, decisión que ha vuelto a avivar un intenso debate público sobre la justicia y las comparecencias judiciales en España.
En esta nueva comparecencia – que ya es la tercera citación de este tipo – el juez Peinado pretendía comunicar personalmente a Gómez su intención de que, si la causa llega a juicio, sea un jurado popular el encargado de examinar los hechos.
La causa que se sigue contra ella, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, abarca hasta cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, apropiación indebida e intrusismo profesional.
El ambiente en los juzgados fue de fuerte expectativa desde primeras horas de la mañana, con correos oficiales citando a los investigados y con el abogado defensor, Antonio Camacho, presente en el lugar.
Sin embargo, la ausencia física de Gómez generó comentarios de todo tipo entre periodistas y analistas políticos que se concentraron en los alrededores del Palacio de Justicia.
Al llegar a las puertas del juzgado, Camacho se limitó a señalar brevemente que la decisión de no acudir “se ajusta a criterios procesales”, recalcar que no se trataba de una declaración de fondo y que su presencia personal no era indispensable en este trámite en concreto.
La defensa también ha recurrido el auto por el que Peinado busca que la causa pase a un jurado popular, argumentando que está basada en “meras conjeturas” y no en hechos probados.
Desde hace semanas, la Fiscalía y las defensas han solicitado conjuntamente el archivo de la causa, sosteniendo que no existen fundamentos suficientes para mantener las imputaciones, petición respaldada por recursos presentados ante el propio juez Peinado.
Por el contrario, las acusaciones populares han reiterado su postura de que se practiquen nuevas diligencias y que el proceso siga su curso con normalidad.
La estrategia de ausencia de Gómez fue comentada hoy por varios analistas jurídicos en los medios: “En ocasiones, la defensa opta por delegar en abogados en trámites procesales que no implican citaciones como testigo o declaración directa.
No implica necesariamente una negativa a colaborar con la justicia”, explicó una abogada consultada por este periódico.
Este tipo de decisiones, aunque habituales en procedimientos complejos, rara vez se dan en causas de alto perfil público como la que rodea a la esposa de un jefe de Gobierno.
Para muchos observadores políticos, la presencia de Gómez en Doñana mientras debía comparecer ante Peinado se ha convertido en el símbolo de una confrontación entre percepción pública y técnica procesal.
Aunque la justicia española no obliga a los imputados a acudir siempre físicamente cuando un abogado puede representarlos en determinadas diligencias, la decisión de Gómez ha levantado críticas que apuntan a una “percepción de trato diferencial” en este caso.
La causa se ha desarrollado en varias fases desde agosto de 2025, cuando el propio juez Peinado decidió imputar a Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación de recursos para la cátedra que ella codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, además de otras posibles irregularidades que están siendo objeto de investigación.
En meses recientes, la Universidad Complutense también se personó como parte perjudicada en el caso por la presunta apropiación de un software académico desarrollado por empresas externas, sobre el que ha reclamado acciones civiles para la reparación de lo que considera un daño económico.
Además, la investigación ha trascendido el ámbito nacional: la Fiscalía Europea solicitó a Peinado información sobre contratos adjudicados a la UTE vinculada al empresario Barrabés, lo que añadió otra capa de complejidad al procedimiento.
Pese a toda esta actividad judicial, la ausencia de Gómez hoy volvió a destacar en los titulares y entre comentarios en redes sociales, donde se mezclan quienes apoyan la postura de la defensa y quienes exigen explicaciones más claras.
Tal como señaló un comentarista político en una entrevista televisiva esta tarde, “la percepción pública de transparencia en la justicia es tan importante como la justicia misma”.
El juez Peinado, por su parte, ha reiterado su intención de seguir adelante con el procedimiento, insistiendo en que el caso sea debatido ante un jurado popular si se alcanza la fase de juicio oral, decisión que ya fue revisada y reforzada tras sucesivas resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid.
El desarrollo de este caso continuará bajo el escrutinio mediático y judicial, con decisiones pendientes sobre posibles recursos, prácticas de diligencias adicionales y, eventualmente, la determinación de si la causa llegará a juicio.
En un contexto político tenso y con la opinión pública atenta, cada nuevo paso en este procedimiento será observado de cerca por toda España.
