El caso Plus Ultra reaviva la tensión política en España tras las declaraciones de Ábalos y la defensa contundente de Zapatero

El caso Plus Ultra ha vuelto a escalar en España con una mezcla de declaraciones cruzadas, documentación bajo secreto judicial y un nuevo pulso político en el Senado.

En el centro de esa tormenta aparecen dos nombres que marcaron una etapa clave del PSOE: el exministro José Luis Ábalos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que hoy existe, con precisión jurídica, no es una confesión concluyente que pruebe una intervención ilícita de Zapatero en el rescate de la aerolínea, sino una cadena de señalamientos políticos, una investigación penal en curso sobre el uso de los fondos y una defensa cerrada del expresidente, que niega de forma tajante cualquier mediación o cobro irregular.

El rescate cuestionado fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 por un total de 53 millones de euros, estructurados en un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.

En aquel momento, el Gobierno justificó la ayuda bajo el paraguas del fondo para empresas estratégicas creado tras la pandemia, y diversos informes presentados durante la tramitación avalaron la operación.

Aun así, la decisión quedó rodeada desde el primer día de un intenso debate político y empresarial sobre el verdadero peso de Plus Ultra en el sistema aéreo español y sobre si reunía, o no, la condición de compañía estratégica.

La controversia se reactivó cuando Ábalos empezó a deslizar públicamente que no fue informado con normalidad de una operación que afectaba de lleno a su área de competencias.

En una entrevista publicada en julio de 2025, el exministro sostuvo que “yo con Plus Ultra… me enteré en pleno Consejo de Ministros”, y añadió que le parecía “muy raro” que un asunto de Transportes llegara a esa mesa sin que previamente se le hubiera informado.

En esa misma conversación, dejó una frase que terminó convirtiéndose en uno de los ejes del debate político: “Zapatero comió conmigo en el Ministerio porque quería llegar a Pedro Sánchez”.

Ese testimonio no acredita por sí solo una irregularidad penal, pero sí alimentó la hipótesis de que el expresidente se interesó por la operación desde fuera del Ejecutivo.

La posición de Ábalos, sin embargo, no ha sido lineal.

Durante meses hubo desmentidos, rectificaciones y versiones contradictorias sobre el alcance de aquella reunión.

Más tarde, él mismo terminó confirmando que el encuentro con Zapatero sí existió, después de haber calificado inicialmente como un “bulo” la información que lo adelantaba.

Ese giro dio nueva munición a la oposición y convirtió el episodio en una de las piezas políticas más delicadas de la comisión del caso Koldo en el Senado.

Zapatero compareció el 2 de marzo de 2026 y optó por una defensa frontal, sin matices.

Rechazó haber facilitado el rescate, negó haberse reunido con Ábalos para hablar de Plus Ultra antes de la aprobación de la ayuda y aseguró que todas esas versiones son falsas.

“Es absolutamente falso”, dijo en la comisión, antes de insistir en que “no hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate de Plus Ultra”.

Cuando se le reprochó que distintas personas del entorno del caso ofrecían una versión diferente, respondió con una réplica que retrató el tono de la sesión.

El senador Fernando Martínez-Maíllo le lanzó: “Todos mienten menos usted”.

Y Zapatero contestó: “Exacto”.

El expresidente también cerró la puerta a cualquier sospecha de beneficio económico directo procedente de la aerolínea.

En el Senado declaró: “Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna”, y subrayó además: “Yo no he trabajado nunca para Plus Ultra”.

Lo que sí reconoció fue haber cobrado, durante varios años, de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, empresario investigado en el caso y vinculado a la compañía.

Según explicó, percibió de media unos 70.000 euros brutos anuales por trabajos de consultoría escritos y orales, sumando alrededor de 463.000 euros en seis años.

Esa admisión no demuestra por sí misma una conexión ilícita con el rescate, pero ha reforzado el foco político y mediático sobre sus vínculos con el entorno empresarial del caso.

En paralelo, la investigación judicial ha tomado una dimensión mucho más seria que la mera disputa parlamentaria.

La Audiencia Nacional asumió en marzo de 2026 la causa sobre el presunto uso irregular de los 53 millones concedidos a Plus Ultra y sobre un posible blanqueo de fondos públicos y de oro procedente de Venezuela en varios países.

El sumario sigue bajo secreto, y el juez José Luis Calama ha defendido su prórroga al considerar que levantarlo podría comprometer la identificación de todos los implicados, la localización de activos ocultos y futuras diligencias bancarias y documentales.

Ese detalle es clave: hoy la causa está viva, pero su contenido central sigue reservado, de modo que muchas de las afirmaciones que circulan en el terreno político aún no pueden darse por acreditadas judicialmente.

Las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción van más allá de la oportunidad del rescate.

Según la denuncia que acabó reabriendo el frente penal, parte del dinero público pudo haberse desviado para operaciones de blanqueo con ramificaciones en Francia, Suiza y España.

En esa línea, uno de los elementos que más interés ha despertado es la aparición de un documento, hallado supuestamente en un ordenador de Julio Martínez, en el que Plus Ultra se comprometía a abonarle un 1% del rescate si este llegaba a aprobarse.

La existencia de ese documento forma parte del material bajo escrutinio judicial, pero su alcance probatorio definitivo todavía no ha sido ventilado en una vista pública.

El expediente arrastra además una complejidad política adicional.

Mientras la investigación penal avanza, el debate público convive con antecedentes institucionales que el Gobierno y sus defensores invocan con frecuencia.

En 2024, el Tribunal de Cuentas concluyó en un informe de fiscalización que los órganos de decisión de la SEPI aplicaron “un procedimiento adecuado” en las operaciones analizadas.

Ese dato no cierra ni sustituye la investigación penal abierta sobre el destino concreto de los fondos, pero sí explica por qué el caso se mueve en dos planos distintos: uno administrativo, centrado en la tramitación de la ayuda, y otro penal, enfocado en el eventual uso posterior del dinero y en las relaciones empresariales que rodearon la operación.

Por ahora, la fotografía más exacta del caso exige separar lo probado de lo insinuado.

Está acreditado que Plus Ultra recibió 53 millones de euros en 2021; que la causa por el presunto uso irregular de ese rescate está abierta en la Audiencia Nacional; que Ábalos sostuvo haber conocido la ayuda en el propio Consejo de Ministros y que admitió una reunión con Zapatero; y que el expresidente negó en el Senado cualquier intervención, cualquier comisión y cualquier trabajo para la aerolínea.

Lo que todavía no está acreditado en sede judicial es que Zapatero ordenara, dirigiera o maniobrara ilícitamente para salvar a la compañía.

Esa es, en realidad, la línea que separa hoy el ruido político de la verdad procesal, y será el secreto del sumario —cuando deje de serlo— el que determine hasta dónde alcanza cada responsabilidad.